Sábado, 11 de marzo de 2006 - Juicio a español Villanueva 'debe concluir el lunes', según juez
El juicio contra el español Javier Villanueva por el asesinato de una fiscal en Bolivia 'debe concluir el lunes' próximo, informó hoy el juez que dirige la causa, después de que su defensa reiterara una vez más su inocencia en las alegaciones finales.
'Debemos concluir el día lunes', dijo el magistrado Jaime Cruz, titular del tribunal cuarto de sentencia penal de la ciudad oriental de Santa Cruz, cuando anunció el receso, en medio de la expectación de los asistentes a la audiencia.
La vigésimo segunda jornada del juicio oral, la primera que se celebra en sábado, estuvo marcada por el espectacular despliegue de seguridad dispuesto por la fiscalía, que abarcó dos manzanas a la redonda del Palacio de Justicia cruceño, sede de la Corte Superior de Distrito.
Según los periodistas bolivianos que cubren casos judiciales, es la primera vez que ven un dispositivo de estas características, con el cierre de vías públicas y la presencia de decenas de policías, entre ellos varios miembros de la unidad de detección de explosivos.
En la vista, el abogado del imputado, Julio Egüez, acusó a las autoridades de dilapidar recursos 'para que la opinión pública vea a Villanueva como culpable'.
Egüez se quejó también de que una veintena de policías custodien el apartamento en el que su cliente cumple un arresto domiciliario desde noviembre pasado, cuando el español ha tenido oportunidades de huir anteriormente y no lo ha hecho para demostrar que no participó en el crimen.
Recordó que cuando estaba en Palmasola, el penal en el que permaneció más de un año y medio recluido, los protagonistas de una fuga masiva le ofrecieron escapar y él se negó.
El letrado denunció, además, la existencia de un complot para incriminar a su representado y al italiano Marco Marino Diodato, considerado el líder de la supuesta banda criminal que cometió el atentado con bomba contra la fiscal Mónica Von Borries, el 27 de febrero de 2004.
El presunto grupo estaba compuesto también por el boliviano Freddy Hurtado y los brasileños Ricardo Borba y Sandro de Carvalho, quien se encuentra prófugo de la justicia, al igual que Diodato.
El testimonio de Borba, la principal prueba contra el español, fue desvirtuado por Egüez, porque -según aseguró- fue 'pactado' con la policía y con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, como el propio brasileño confesó.
Borba, que tiene antecedentes penales en su país, admitió en su declaración haber visto a alguien de espaldas en el lugar del crimen que caminaba como Villanueva y tenía su apariencia.
Según Egüez, detrás de la muerte de Von Borries existe una trama urdida por el Departamento Antidrogas Estadounidense (DEA) que el Ministerio Público se ha negado a investigar porque prefiere usar al español como 'chivo expiatorio' para cerrar el caso.
El propio imputado y su padre, Francisco -que ha viajado trece veces a Bolivia para seguir el proceso y se encuentra actualmente en Santa Cruz- han denunciado que funcionaros de la DEA les ofrecieron un trato para que el acusado cumpliera una condena menor a cambio de que se declarara culpable.
Javier Villanueva, un sevillano de 29 años que vive en Santa Cruz desde hace cerca de seis años, fue capturado el 28 de abril de 2004, dos meses después del atentado.
En una declaración grabada por la policía durante su detención, en la que no se le ofreció representación legal y en la que permaneció varias horas incomunicado, admitió su culpabilidad, pero luego dijo haber sido sometido a torturas para inculparse.
Esta versión fue refrendada por un informe médico forense, que derivó en una denuncia pública del Defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, y que ha despertado la preocupación de las autoridades españolas.
El próximo lunes los representantes legales del sevillano concluirán la presentación de sus alegatos, tras lo que los imputados -Villanueva, Borba y Hurtado- podrán hacer una última declaración que dejará la causa vista para sentencia.
Por el delito de asesinato que se le imputa, el español puede recibir una pena de hasta 30 años de cárcel, la máxima prevista por la ley boliviana.
Terra Actualidad - EFE
